EQUO reclama la retirada de la ley que aumenta las tasas judiciales

La norma aprobada plantea unas tasas judiciales abusivas que atentan
contra el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida la Constitución,
art 24

Para EQUO la Ley 10/2012, de 20 de noviembre de tasas judiciales constituye
un atropello contra el derecho a la justicia gratuita y en ella prima el
afán recaudatorio por encima de derechos constitucionales y necesidades
sociales.

Es además, una ley aprobada de forma improvisada, con una urgencia
absolutamente injustificada y al margen de los todos los colectivos del
ámbito de la judicatura. De hecho, la entrada en vigor de la ley se ha
tenido que aplazar “varias semanas”  ya que aún no están listos los
impresos para el pago, lo que deja claro la improvisación y plantea serias
dudas sobre la profesionalidad y capacidad del Ministro Gallardón, que ha
optado por tramitar una norma de tanta importancia y trascendencia de forma
acelerada y sin pasar si quiera por el Pleno del Congreso.

“Gallardón ha conseguido poner a todos en su contra: jueces, fiscales,
magistrados, abogados y procuradores ya han expresado su rechazo a la ley;
lo que deja bastante claro que no estamos ante la reforma que la justicia
española necesita. Por ello reclamamos su retirada y que realmente se
comience a trabajar para mejorar la Administración de justicia y garantizar
que sea más rápida y cercana a la ciudadanía” ha afirmado la coportavoz de
EQUO, Reyes Montiel.

Para EQUO lo que es urgente es mejorar los procesos en primera instancia,
lo que implica aumentar los recursos y el número de jueces. Además hay que
acometer cambios importantes en el sistema actual, muy obsoleto en algunos
procesos como el sistema de notificaciones, expedientes o presentación de
denuncias.

EQUO además ha alertado sobre la poca claridad de la ley en algunos
aspectos importantes, por ejemplo, en los referido a los divorcios y
separaciones que se produzcan en situaciones de violencia de género. No
queda claro si las mujeres víctimas de esta lacra social
(independientemente de que tengan hijos o no) que planteen un divorcio o
separación tienen que pagar por ello (según la ley aprobada por Gallardón
esto podría tener un coste de más de 1000 euros).

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